Boletín 139: Sala constitucional, tribunal constitucional

En Venezuela, de acuerdo a su Constitución, existe un sistema amplio de protección y control de la constitucionalidad, concibiéndose el control preventivo, el control por omisión legislativa, el control represivo, el control difuso y el control concentrado.

Coexisten en el sistema venezolano en cuanto al control de la constitucionalidad, especialmente, el control difuso, por una parte, que lo ejercen indistintamente, de forma concreta y a los efectos de un determinado asunto, todos los Tribunales de la República, incluyendo el Tribunal Supremo de Justicia, y por la otra, el control concentrado de la constitucionalidad, que lo ejerce, un órgano especializado que a tales efectos fue creado especialmente por la misma Constitución: se concibió dentro del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, a la par de las demás Salas, una Sala Constitucional como órgano especializado encargado de ejercer, primordialmente, el control concentrado de la constitucionalidad.

Esta Sala Constitucional, es un órgano jurisdiccional que pertenece al Poder Judicial del Estado, y es la autoridad máxima en lo que a justicia constitucional se refiere; se le otorgó a este órgano una cantidad de competencias constitucionalmente dentro de las cuales figura “las demás que establezcan la Constitución y la Ley”, por lo que el legislador, en la respectiva ley orgánica, ratificó dichas competencias y le atribuyó otras, desarrollando y extendiendo las que ya tenía.

Primordialmente, el órgano encargado de la justicia constitucional en forma abstracta, cuyas interpretaciones y fallos son vinculantes para el resto de los Tribunales de la República, tiene la función de ejercer el control concentrado de la constitucionalidad, al revisar las leyes y otros actos emanados del poder público, así como igualmente tiene la competencia de vigilar las resultas de la aplicación del control difuso por parte del resto de los Tribunales, con el fin de asegurarse que se mantenga un criterio constante, uniforme, y adecuado, tarea para la cual parece ser, la Sala Constitucional el órgano más idóneo.

Ahora bien, en este asunto del ejercicio del control concentrado de la constitucionalidad, que coexiste en Venezuela con el ejercicio del control difuso, nos preguntamos si para ello es más idóneo un órgano retraído del poder judicial, y podría pensarse, por encima de éste, o más bien, un órgano que forme parte del poder judicial como lo es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano.

Evidentemente que ese órgano especializado –el que ejerce el control concentrado- aparenta una superioridad respecto a todos los órganos jurisdiccionales, incluyendo al Tribunal Supremo de Justicia del cual, paradójicamente, podría formar parte si se acoge el sistema en el que es incluido tal órgano dentro del poder judicial.

Un Tribunal Constitucional que se encuentra fuera del poder judicial del Estado, no dista mucho de una Sala Constitucional incluida en su Máximo Tribunal. En líneas muy generales, son dos caminos casi iguales. La preferencia por un sistema u otro, dependerá en mucho, de la cultura jurídica del país, de la credibilidad e imagen del poder judicial, de la tradición, de las influencias de otros sistemas, por mencionar algunos factores.

Lo cierto es que, en cuanto a las competencias que parece ha de tener el órgano especializado en justicia constitucional, no existe en principio ninguna diferencia si se toma una opción u otra. Lo único que pudiese generar un poco que pensar, es el hecho de que ese órgano, prácticamente, será un revisor y vigilante del actuar del resto de los óranos jurisdiccionales en cuanto a algo que siempre ha de estar presente en toda actuación del poder público: la constitucionalidad. Por ello es muy fácil pensar en que resulta paradójico que dicho órgano especializado forme parte del poder judicial.

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