Boletín 134: El Poder Público, su legitimidad y límite

Las potestades administrativas, manifestaciones de poder basadas en la legalidad, son de obligatorio ejercicio para la Administración y de acatamiento inexorable para los particulares (personas naturales o jurídicas de carácter privado). Son, pues, la materialización del Poder Público del que las Administraciones son órganos.

Entre esas potestades de derecho público se cuentan: la potestad de ordenación que permite dictar normas generales y abstractas de rango sublegal; la potestad de dirección que permite dictar normas a particulares determinados para que desplieguen sus actividades de una u otra manera; la potestad de fiscalización por la que se investiga y verifica si se han cumplido las normas impartidas; y la potestad sancionatoria por la que, en caso de incumplimiento por parte de los particulares, las Administraciones pueden determinar y sancionar la responsabilidad administrativas de aquellos.

En virtud de todo lo anterior, no está de más preguntarse qué es lo que permite a las burocracias administrativas desplegar tal cantidad y cualidad de poderes sobre la vida de los particulares sin que ello signifique un quebrantamiento del orden democrático y de libertades que caracteriza un Estado democrático de Derecho.

Para responder esa pregunta, los estudiosos del Derecho Administrativo han acudido a un concepto jurídico indeterminado: el interés público. No es materia de estas breves palabras indagar sobre el debate doctrinal que se ha desarrollado en doscientos años de estudio de Derecho Administrativo, sino que tomaremos como punto de partida el aporte que en este tema hizo el autor francés Jean Rivero, para quien la idea de interés público engloba todas las necesidades de la sociedad que la iniciativa privada no puede (o no quiere) atender y que son vitales para la comunidad entera y para cada uno de sus miembros.

¿Por qué no querría un particular atender tan preponderantes necesidades? No importa el por qué, ya que todo particular está amparado por los derechos de libertad económica y libre desenvolvimiento de la personalidad y, en virtud de ellos, puede dedicarse a la actividad que mejor le parezca.

Lo realmente importante es que la Administración asume la satisfacción de estas necesidades de interés público (mantenimiento del orden público, seguridad ciudadana, protección de la libre competencia, protección de consumidores, regulación de servicios de interés general como telecomunicaciones o alimentos, la prestación directa de ciertos y determinados servicios públicos, etcétera) y para ello hace uso de las potestades de Poder Público o administrativas.

Resulta interesante, para concluir, ver la otra cara de esa moneda: si atender necesidades de interés público es lo que legitima el uso de potestades administrativas cuyos efectos deben soportar los particulares, aun en contra de su voluntad; es la misma idea de interés público la que se erige como límite al ejercicio del poder administrativo, ya que no puede extenderse a circunstancias que no respondan a ese interés público, so pena de incurrir en abusos de poder que merman el carácter democrático de un Estado. Incluso, deberá la Administración favorecer que los particulares asuman esas actividades, fomentándolas, y sólo cuando sea evidente la incapacidad o falta de interés de los particulares, será legítima la intervención estatal y el uso de potestades administrativas.

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