Boletín 133: La cosa juzgada y el precedente judicial

La cosa juzgada y el precedente judicial son instituciones distintas entre sí, que guardan relación únicamente porque ambas dimanan de una sentencia.

Como ya fue señalado en estudios anteriores, resulta claro que la garantía constitucional a la cosa juzgada es un efecto de la sentencia, mientras que el precedente no es un efecto de la sentencia, mas se encuentra contenido en ella.

La cosa juzgada presenta dos aspectos como efectos de ella, uno material y otro formal, este último se presenta dentro del proceso al hacer inimpugnable la sentencia, mientras que el primero trasciende al exterior, con la finalidad de prohibir a las mismas partes el ejercicio de una nueva acción sobre lo ya decidido. Por su parte, el precedente tiene como único efecto ser un parámetro normativo para la resolución de futuros procesos de naturaleza homóloga al resuelto.

El precedente vinculante constituye una fuente formal creadora de Derecho, mientras que la sentencia que detenta carácter de cosa juzgada tendrá siempre tal efecto sólo entre las mismas partes.

Para que se configure la cosa juzgada es necesario que concurran, simultáneamente, tres elementos, a saber: i) que la nueva demanda se refiera a una misma cosa u objeto, ii) que esté fundada sobre la misma causa petendi, iii)   que concurran las mismas partes con el mismo carácter que tenían en el asunto ya decidido por sentencia definitivamente firme. Sin embargo, para encontrarnos en presencia del precedente vinculante, es necesario que exista en una determinada sentencia criterios de interpretación respecto normas o principios constitucionales, o que se han establecido para ajustar normas legales a la Carta Fundamental. El precedente no requiere, de modo alguno, identidad de partes para poder resultar aplicable, a futuro, en un caso concreto.

Por otra parte, la inimpugnabilidad de la cosa juzgada puede, en un caso concreto, ser anulada por la Sala Constitucional, aplicando su facultad revisora. Con respecto al precedente, pudiese cualquier juez de la República apartarse de ellos, pero, en tal caso, tendrá endosada la carga de la argumentación para poder apartarse o desaplicarlo al caso concreto, por cuanto todos ellos se encuentran en la obligación de interpretar la Constitución y garantizar su supremacía en el ejercicio del control difuso de la constitucionalidad, de conformidad con el artículo 334 del texto Constitucional, toda vez que la Sala Constitucional no es la única intérprete del texto Fundamental. De la misma manera, el precedente puede ser sustituido por Ley, también puede ser modificado, rectificado o ampliado por la Sala Constitucional, donde ha de argumentar el motivo de tal modificación, rectificación o ampliación que por razones sociológicas, de hecho o de derecho lo justifique.

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